Un prevenible derrame de petróleo en la región amazónica de Ecuador en plena pandemia de COVID-19 pone en riesgo la vida de la población indígena.

Manuela Picq y Eduardo Kohn
Publicado originalmente en Aljazeera.com

¿Qué debería hacerse en caso de incendio durante un tornado? ¿Salir del edificio o quedarse adentro? En general, los simulacros de seguridad ante emergencias preparan a la gente para un desastre, no para dos desastres simultáneos que requieren a su vez dos respuestas opuestas. Sin embargo, esto es a lo que se enfrenta la población indígena de Ecuador. Mientras el país lucha contra la pandemia de COVID-19, que está creciendo de manera descontrolada, la región amazónica se ha visto afectada por uno de los peores derrames de petróleo de las últimas décadas.

La superposición de dos crisis en uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo ha empeorado una situación ya de por sí grave. Los pueblos amazónicos, cuyas capacidades de distanciamiento social han sido perfeccionadas cruelmente por las epidemias del Viejo Mundo durante siglos, han descubierto repentinamente que el agua, los peces, las presas de caza y las cosechas que les permitirían autoaislarse en la selva, están contaminados con petróleo.

La pandemia de COVID-19 ha afectado fuertemente a Ecuador, que cuenta con uno de los números de fatalidades más altos del mundo. No obstante, ningún grupo étnico del mundo se vio tan afectado como los pueblos indígenas. La ONU instó a que los países tomen acciones sobre el impacto desproporcionado del COVID-19 en los grupos étnicos. La Amazonia hizo sonar las alarmas sobre COVID-19 con anticipación. Los miembros del pueblo Kichwa, uno de los grupos indígenas más afectados por COVID-19 en Ecuador, se estaban autoaislando en sus territorios cuando el petróleo crudo empezó a fluir por el río.

El 7 de abril de 2020, un corrimiento de tierras provocó la rotura de tres oleoductos sobre el Río Coca que resultó en el derrame de 15.800 barriles de petróleo crudo en una región que sufre el desecho de materiales tóxicos de Chevron-Texaco Oil Company desde hace ya mucho tiempo.

El petróleo corrió aguas abajo, primero por el Río Coca y luego por el Río Napo, un afluente del Río Amazonas, y finalmente llegó hasta Perú, provocando la contaminación del agua, el suelo, las plantas y la fauna en el camino. Una mañana, los niños volvieron del río llenos de petróleo y, al día siguiente, la pesca del río tenía sabor a petróleo. Este es el mayor derrame de petróleo en Ecuador en los últimos 15 años y afectó a 120.000 personas durante el pico de la pandemia.

La rotura era previsible. Los oleoductos pasan por el pie del volcán activo El Reventador, en una zona de mucha actividad sísmica donde en 1987 un terremoto destruyo más de 40km de oleoductos. Sin embargo, el gobierno hizo que el terreno ya de por sí inestable se volviera más peligroso aún cuando construyó la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en el año 2016.

El proyecto, un sueño dorado de los años setenta, fue rechazado de plano por no ser factible debido al alto nivel de actividad volcánica en la región. No obstante, el Presidente Rafael Correa reavivó el interés en la central y, finalmente, se construyó una versión aún más grande. El proyecto fue financiado por China que brindó préstamos a ser pagados con petróleo y se vio enredado en escándalos de corrupción desde el principio.

Tal como los científicos medioambientales habían previsto, la central desencadenó un proceso de fragmentación en el río que agravó la inestabilidad del suelo, reteniendo sedimentos y provocando que la erosión avance hacia la cabeza del mismo. En un desastre anunciado, la erosión fue avanzando rápidamente aguas arriba.

La primera advertencia importante fue en febrero cuando, después de un corrimiento de tierras enorme, desapareció la Cascada San Rafael, la más alta de Ecuador. Sin embargo, no hubo reacción ni de la empresa nacional de petróleo de Ecuador, Petroecuador, ni de las empresas públicas que manejan los oleoductos.

Cuando se rompieron los oleoductos, estas entidades no informaron a las comunidades indígenas. Tampoco les ofrecieron adecuada atención médica ni reparación medioambiental. Más aún, la empresa responsable de los oleoductos comunica la provisión de solamente un vaso de agua por persona por día, una cantidad insignificante comparada con los cuatro galones que se recomiendan en los tiempos de COVID-19.

“Tenemos hambre” es una frase común en las comunidades afectadas. Dado que ahora el aislamiento en la selva se hizo imposible y que los deficientes suministros de ayuda que reciben son entregados por personas que podrían llegar a contaminarlos, los pueblos indígenas se volvieron aún más vulnerables al coronavirus.

En respuesta, un conjunto diverso de casi 40 actores está demandando ante la Justicia al gobierno ecuatoriano. Individuos, organizaciones y ONGs están exigiendo medidas de protección legal que incluyen compensación inmediata tanto medioambiental como social. En una alianza impía, las empresas estatales de petróleo y oleoductos comparten el banco de los acusados con los Ministerios de Salud y del Medioambiente. Los acusados niegan toda responsabilidad por el derrame, diciendo que fue un desastre natural impredecible.

El juicio comenzó a fines de mayo y se realizó a través de la plataforma Zoom, debido a las restricciones por COVID-19. Usando barbijo y guardapolvo protector, el juez escuchó a los acusados que presentaron su caso a lo largo de tres días enteros a través de una conexión a Internet que a veces resultaba inestable. Pero de repente, cuando los organismos gubernamentales estaban por presentar sus pruebas, el juez suspendió el juicio, invocando posibles síntomas de COVID-19.

Aunque el juicio está suspendido, la erosión continúa sin cesar. En junio, hubo más corrimientos de tierras a una escala enorme y a metros de distancia de los oleoductos; esta vez, el gobierno cerró el flujo para evitar otro derrame.

Alicia Salazar, una líder del pueblo Siona que dirige la organización indígena Alianza Ceibo, dijo al juez: “Han sido 40 años de derrames.” Este no es el primero y claramente no será el último; en esta región hay miles de pozos petrolíferos que derraman el equivalente a 4.000 galones (15.000 litros) por día, según Amazon Frontlines.

En la Amazonia ecuatoriana, se está desarrollando un ecocidio continúo perpetrado por el estado. Los derrames destruyen también las relaciones que tienen los Kichwas con su ecosistema, dado que la gente ya no puede cazar, pescar ni encontrar refugio en su selva nativa.

Ellos nos hacen recordar que la justicia social y la justicia medioambiental están estrechamente vinculadas, que los movimientos de Black Lives Matter y de la justicia climática son complementarios. Estos derrames amenazan no sólo su salud física sino también su bienestar espiritual que, como descubrió el Interamerican Court of Human Rights, está basado en una conexión íntima con los seres que constituyen la reserva de formas de vida más grande del planeta.

Destruir conscientemente el ecosistema del que depende un pueblo es más que ecocidio, es potencialmente genocidio. Posiblemente, a los representantes de las petroleras no les importe si el petróleo termina matando a la naturaleza o a los pueblos que conviven con ella, pero a la Corte Penal Internacional (CPI), sí. Ahora la CPI está procesando a individuos por cometer un delito medioambiental que resulta en genocidio.

La propagación mundial del coronavirus no fue enteramente predecible, pero el derrame sí. La responsabilidad sobre las acciones importa. Los responsables tienen que ayudar a los victimas, tomar los pasos necesarios para evitar el próximo derrame y limpiar los ríos y los bosques contaminados de los que todos dependemos.

Translation: Lydia Stevens